miércoles, 21 de enero de 2009

B080- Ultimos documentos de la Junta Militar.

Boletín de fecha 21 de noviembre de 2005

Documento final sobre la subversión y la lucha contra el terrorismo

El 28 de abril de 1983, la Junta Militar dio a conocer el mencionado documento cuyo contenido estaba dividido en cinco partes, con los siguientes títulos: I. Introducción, II. Los hechos, III. Los principios, IV. Las secuelas del conflicto y V. Consideraciones finales.

El 28 de abril de 1983, la Junta Militar dio a conocer el mencionado documento cuyo contenido estaba dividido en cinco partes, con los siguientes títulos: I. Introducción, II. Los hechos, III. Los principios, IV. Las secuelas del conflicto y V. Consideraciones finales.

El documento finalizaba expresando: “Por todo lo expuesto la Junta Militar declara:

Que la información y explicaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto la Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo.

Que en este marco de referencia, no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos o muertes inocentes.

Que el accionar de los integrantes de las Fuerza Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyó actos de servicio.

Que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional.

Que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia, estas decisiones que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común. Identificado en esa instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada.

Si nuestros lectores están interesados en conocer toda la ley, les informamos que en los principales diarios nacionales de la época, está completa.

Simultáneamente con el texto del informe sobre la subversión, se dio a conocer un “Acta Institucional de la Junta Militar” en la que se expresaba:

“Visto y considerando el documento producido por la Junta Militar con fecha 28 de abril de 1983 respecto del origen, desarrollo y secuelas de la lucha contra la subversión y el terrorismo, la Junta Militar resuelve:

Art. 1° Todas las operaciones contra la subversión y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, bajo control operacional, en cumplimiento a lo dispuesto por los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75, 2772/75 fueron efectuadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores de las Fuerza Armadas y por la Junta Militar, a partir del momento de su constitución.

Art. 2° Comuníquese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.

Es necesario recordar que los decretos mencionados habían sido emitidos por un gobierno constitucional.

Se debe recalcar que el “Documento Final” y el “Acta Institucional” emitidos por la Junta Militar dejan indudablemente establecido que la responsabilidad de las operaciones de guerra contra el terrorismo subversivo correspondieron al más alto nivel jerárquico de las Fuerzas Armadas de la Nación y que, todas las jerarquías subordinadas cumplieron específicamente “actos de servicio”

El documento, como era de esperar, tuvo la oposición de toda la izquierda y los familiares de los subversivos detenidos, muertos y desaparecidos así como de los defensores de los derechos humanos (aquellos ideológicamente afines a los nombrados) apoyados por la prensa opositora al gobierno militar.

El 3 de mayo, la “Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas” difundió un extenso documento crítico en el que calificaban a sus muertos y desaparecidos como opositores políticos e ideológicos y donde expresaban que el terrorismo de Estado había sido planificado para implementar la política económica de entrega al imperialismo.

Era evidente, una vez más, y como parte de su campaña iniciada en el exterior y mantenida hasta nuestros días, que no reconocían en sus familiares la calidad de miembros de las organizaciones políticas armadas terroristas y calificando al Estado, que había actuado para defenderse por medio de sus instituciones legales, como Terrorista.

Ya habían elaborado la estrategia de no aceptar que había sido una guerra, para poder inculpar sólo al Estado y no a los terroristas instigados y apoyados desde Cuba, con el fin lograr mediante la aplicación del Derecho Penal, y no el Derecho Internacional de Guerra, todo tipo de beneficio para sus familiares instigados por los abogados de los DDHH unidireccionales, presentados como las “únicas víctimas inocentes” del conflicto.

No obstante esta situación, el presidente del CELAM ( Conferencia Episcopal Latinoamericana), Monseñor Antonio Quarracino –antes obispo de Avellaneda- calificó al informe de “Valiente y bien hecho” mientras que los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dijeron que el mismo tenía aspectos positivos que podían constituir un paso hacia la reconciliación.

Con esta declaración unilateral , la Junta Militar, pareció que creía que la guerra había terminado
y que por lo tanto, sólo había que esperar el juicio de la historia ( desconociendo aquello de que la guerra es parte de la política y por lo tanto puede cambiar su forma pero no sus objetivos).

Es evidente que los conductores de entonces no supieron imaginar cómo serían las secuelas de la misma - que aún hoy se viven – y por ello, no tomaron otro tipo de recaudos, como HABER IMPULSADO UNA CONCERTACIÓN AL ESTILO DEL PACTO DE LA MONCLOA, en lugar de medidas unilaterales que, debieron prever, iban a ser modificadas por el gobierno de “Jure” siguiente que no tenía los mismos intereses políticos y que además, iba a ser presionado

Informe de la Junta Militar sobre la relación de Montoneros y la fracción de Saadi.

El 20 de mayo de 1983, la Junta Militar denunció públicamente las estrechas vinculaciones del Movimiento de Intransigencia y Movilización Peronista- “MIMP” (dirigido por Vicente Leonidas Saadi, padrino político de Carlos Menem) y la organización subversiva terrorista Montoneros, en una voluminosa carpeta que se entregó al periodismo y que incluía fotocopias de documentos originales de la organización, secuestrados como consecuencia del procedimiento en el que fue abatido el terrorista – miembro de la “Conducción Nacional de Montoneros” – Raúl Clemente Yaguer.

Se informaba allí que se había comprobado también que en la máquina de escribir hallada en el domicilio de Yaguer se habían escrito los comunicados emitidos en oportunidad de los atentados al Dr. Aleman, al Dr. Guillermo Walter Klein y al Ing. Francisco Soldatti, en 1979.


En la documentación, existían evidencias de las reuniones en México entre Saadi, Firmenich y Obregón Cano en oportunidad del lanzamiento del diario de Saadi: “La Voz” , para entre otras cosas, acordar el apoyo económico de la organización subversiva. Asimismo se hacían consideraciones acerca de la estrategia a poner en práctica dentro del Partido Justicialista para ir dominando su conducción.


El anexo 15 de la documentación entregada contenía la fotocopia de un memorandum –de cuyo texto no surge el destinatario- donde Yaguer relataba las decisiones adoptadas luego de las “prolongadas entrevistas con el Dr. Saadi” y donde decía que para apoyar o enfrentar al nuevo gobierno (según el signo del mismo) debían hacer sus programas sobre bases político-sociales y no sobre elementos políticos ideológicos, como ocurrió a partir de 1973 y que la lucha multisectorial, seguía siendo la forma principal de llegar al poder ( la vía militar había fracasado estrepitosamente).


En general, en todos los documentos presentados, la principal preocupación estaba en cómo infiltrar las listas del Partido Justicialista en las próximas elecciones y cómo organizar la próxima etapa. Ante la aparición y difusión de toda esa documentación, el titular del MIMP, Dr. Vicente L. Saadi, como era de esperar, negó toda vinculación con Montoneros expresando que la documentación era falsa.

Por su lado, el conspicuo dirigente justicialista Deolindo Bittel expresaba que él había conocido, desde el gobierno, documentación de esa organización subversiva y que la misma coincidía con la presentada por la Junta Militar, por lo que consideraba todo esto muy grave.

La carpeta también publicaba la composición en el exterior de la Conducción Nacional de Montoneros, expresando que la componían: Mario Firmenich, Raúl Clemente Yaguer (muerto en Córdoba el 30 de abril de 1983 en un enfrentamiento con fuerza legales), Roberto Cirilo Perdía, Eduardo Daniel Pereyra Rossi (muerto 6 días atrás, el 14 de mayo de 1983), Fernando Hugo Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano y Oscar Bidegain, acompañando con una fotografía en la que todos los mencionados posaban en conjunto.

Con subtítulo de “La infiltración de la izquierda radicalizada en el justicialismo”, el diario La Nación del 21 de mayo de 1983 publicaba información sobre los contactos anteriores de Saadi con la Unión Soviética y la República Federal Alemana, así como los planes para movilizar a la población por un ideario compuesto de “conceptos latinoamericanos de liberación” (sin que apareciesen comunistas en el proyecto), utilizándose para ello a demócratas de izquierda, católicos tercermundistas, nacionalistas antinorteamericanos, antisemitas y antiliberales, para que efectuaran una tarea de infiltración ideológica sin mayores sospechas, en los distintos ámbitos del país”.

El artículo abarcaba casi media página y abundaba en detalles que no sólo se referían a Saadi, sino también a otros políticos y a actividades de la organización subversiva nombrada, en el país y en el exterior.

Marcha por los derechos humanos

Ese mismo día 20 de mayo, aproximadamente a las 17 horas, las organizaciones de derechos humanos, los familiares y amigos de detenidos, muertos y desaparecidos pertenecientes a las organizaciones subversivas terroristas junto con partidos políticos de izquierda y militantes de la fracción justicialista identificada con el Movimiento de Intransigencia y Movilización Peronista de Leonidas Saadi, efectuaron una concentración en proximidades del Luna Park (los periódicos de la época hablaron de 20.000 personas)

Posteriormente, los intervinientes en la concentración, se desplazaron en varias columnas cantando consignas subversivas y contra el gobierno hasta la Plaza de los Dos Congresos, donde varios oradores criticaron el Proceso de Reorganización Nacional y solicitaron que la Iglesia se definiera en el problema de los desaparecidos. El acto fue controlado con importante presencia policial y no se produjeron incidentes.

Con este tipo de manifestaciones en el país, se comenzaron a utilizar los “derechos humanos” de solo un sector, junto con otras acciones de la “nueva izquierda gramsciana”, como estrategia política para intentar llegar al poder sin despertar el rechazo social a las formas violentas anteriores.

Proyecto del régimen electoral

Fue aprobado por la Junta Militar el 26 de mayo de 1983. Establecía la elección indirecta de presidente y vicepresidente de la Nación y dos senadores por distrito. Seguía rigiendo el sistema de representación proporcional D’Hont y el jefe de Estado elegía al intendente de la Capital Federal.

De todos los reclamos de los partidos políticos no tenidos en cuenta, el más importante fue el que pretendía que las provincias y la Capital Federal enviaran a la Cámara alta tres senadores en lugar de dos. Consecuentemente, no se modificaba la Constitución Nacional que algunos partidos querían, para aumentar esos representantes. ( Posteriormente el gobierno de Menem con el apoyo de Alfonsín, en ocasión de la modificación constitucional de 1994, lo llevó a cabo con el beneplácito de los partidos que se veían beneficiados)

FIN DEL BOLETIN Nro 80.

BOLETINES PARA COLECCIONAR

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente , destinado principalmente a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron .
Su exposición no busca polemizar ni agraviar , sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.