viernes, 11 de abril de 2008

B015- Cámara Federal en lo Penal - (CAFEPE)

Boletín de fecha 01 de abril de 2005.

Cámara Federal en lo Penal - (CAFEPE)

La sucesión de actos terroristas iniciados en la década del 60, producto de un planificado accionar marxista revolucionario ( armado ) en nuestro país, puso en evidencia la falta de una adecuada legislación y la ineficiencia crónica del sistema judicial.

A esto se agregaba la estructura militar, medios y peligrosidad de las organizaciones subversivas que actuando simultáneamente en distintas jurisdicciones superaban la capacidad de coordinación entre las fuerzas policiales y de seguridad y las distintas jurisdicciones judiciales, además de complicar la investigación, impidiendo las respuestas rápidas y efectivas que el país requería.

En los comienzos de 1971 la opinión pública se vió sacudida por el incremento de los asaltos, secuestros y asesinatos, culminando el 29 de abril con el ataque a un camión militar que transportaba armamento donde fue asesinado el Tte. Asúa y herido gravemente el soldado Hugo Alberto Vacca, quién quedó parapléjico, falleciendo cuatro años después.

Ante esta situación el gobierno de facto de entonces creó por Ley 19053 del 28 de mayo LA CÁMARA FEDERAL EN LO PENAL (CAFEPE), como resultado de la propuesta del Ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux, colocando dentro del Poder Judicial una estructura ágil y eficaz para entender en los delitos de la subversión, dado que el Código Penal no era eficaz para las situaciones que se presentaban.

Este tribunal, que comenzó a funcionar en el mes de junio con jurisdicción en todo el país y con procedimientos expeditivos que garantizaban la defensa en juicio, no sólo demostró la actitud del gobierno militar de combatir la violencia revolucionaria bajo el imperio de la ley sino que en poco tiempo, como una magistratura independiente y cumpliendo una intensa actuación, había procesado a más de dos mil terroristas y condenado a más de seiscientos acusados. De esta forma, la República Argentina fue precursora en el mundo, respondiendo al fenómeno de la subversión con un sistema judicial que juzgaba y condenaba dentro de la ley.-
Sin embargo en el país, la opinión pública no mostró comprender la importancia de encausar legal y eficientemente la represión. La Cámara era denostada por todos los sectores políticos, gremiales, periodísticos y la ciudadanía que acompañó en la propaganda instalada en su contra por las organizaciones subversivas. Pese a que la Cámara y la legislación que esgrimía, no significaron la incriminación de opiniones políticas u otras formas de persecución ideológica, desde los partidos mayoritarios comenzaron a caracterizarlas como “represivas”, en el intento de identificarlas como un arma “de la dictadura militar” contra sus opositores.

En un breve lapso y bajo la responsabilidad de todos, llegó el vaciamiento de la justicia de la mano de la dirigencia política. En mayo de 1973 al tomar posesión las autoridades nacionales, las primeras leyes sancionadas por un Congreso, que ese día se constituía, disolvieron la Cámara Federal en lo Penal que habiendo cumplido con las etapas procesales, había preservado las vidas de los miembros de las bandas subversivas capturados y junto a la llamada “Legislación Represiva” se derogaron numerosas normas del Derecho Penal y se modificó el Art. 80, para que el asesinato de los miembros de las FF SS, Policiales y FF AA no mereciera la reclusión perpetua.-.
A partir de ese día la justicia fue absolutamente ineficiente para la generalidad de los casos y particularmente en el juzgamiento de la subversión, no registrándose condena alguna por actos terroristas a partir de 1973. Para no abundar en detalles, sólo digamos que durante el año 1974 la Justicia Federal y Nacional de Buenos Aires trabajó sólo 54 días.

Así fenece la justicia en la Argentina, país que quiso encaminar la represión del terrorismo en forma legal y moderna, dentro del ámbito latinoamericano, donde los terroristas subversivos actuaban con impunidad debido a que las instituciones eran (y son ) débiles y sus sistemas de aplicación de la ley, ineficientes.
El odio, la furia y la venganza se enseñoreó en la República y próximo a cumplirse los tres años de creación de la CAFEPE, el 28 de abril de 1974 siendo las 14:30 horas, un par de jóvenes terroristas, desde una motocicleta dispararon por la espalda y asesinaron al Dr. Jorge Vicente Quiroga de destacada actuación en ese tribunal que protagonizara el último intento, dentro del derecho, de contrarrestar la subversión. Otros dos miembros del Tribunal también sufrieron sufrieron atentados, lo que obligó a a la mayoría de los que habían actuado en la mencionada Cámara a optar por el exilio.

Así el accionar de la subversión alcanzó uno de sus objetivos: maximizar la ineficiencia del sistema legal. Los asesinatos cometidos y la sistemática campaña de atentados e intimidación dieron su resultado. A la total impotencia de los gobiernos elegidos en 1973, acompañó una oposición, que en sus declaraciones : ¿qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta. ( Diputado Molinari); “hay soluciones, pero yo no las tengo” ( Dr. Balbín ), mostraba el temor de asumir las responsabilidades políticas.-
En estas instancias cuando se planteaba cómo combatir a la subversión, el gobierno de Isabel Perón, trató de reeditar la idea de constituir el Tribunal Federal y muchos fueron los sectores de su partido que se expresaron en contra, invocando su impopularidad y la dificultad de encontrar magistrados para integrarlo. Esto llevó a que el gobierno constitucional para luchar contra el flagelo terrorista, permitiera o propiciara el accionar de organizaciones para-policiales como la Triple A.-
Una sociedad aterrorizada y casi prescindente, empujó a las Fuerzas Armadas a cumplir las leyes dictadas por el gobierno democrático de “aniquilar a las organizaciones subversivas”.
Hoy se reconoce que el deterioro de la imagen pública de La Justicia está directamente relacionado con la forma que los gobiernos han manoseado a esta Institución y a sus integrantes. Cuando el Dr. Alfonsín asumió su gestión, en el retorno a la democracia, el grado de credibilidad en la justicia y sus magistrados era de un 57% para llegar en estos días a un poco más del 2 %.

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Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente , destinado principalmente a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron .
Su exposición no busca polemizar ni agraviar , sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.